PENSANDO AL INTERIOR DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE

A partir de la transformación educativa de la década de los noventa, los institutos de formación docente sufrieron una ruptura importante en su tradición académica. A la función de la formación inicial se le sumaron las de capacitación e investigación.

Otra ruptura significativa en la educación superior, más concretamente, en los institutos de educación superior de la provincia de Jujuy, se produjo en el año 2003 a raíz de la aprobación del Decreto 7320-G-2003 que legitima la dimensión política en la forma de gobierno; pasando de la conducción unipersonal o equipo de conducción a un Consejo Directivo con representación de todos los claustros.

En otras palabras: entre fines del siglo pasado y el principio del presente, se produjeron dos aportes significativos desde lo político y lo legislativo tendientes a fortalecer la educación superior de la provincia, con todas las limitaciones y contradicciones que acompañaron a esas definiciones; dentro de las cuales se pueden mencionar, la falta de autonomía financiera de los institutos, la lógica organizativa de los departamentos de capacitación e investigación, basada en la permanencia transitoria e intermitente de los docentes, etc.

Si bien es legítimo señalar las limitaciones que acompañaron a las disposiciones del gobierno educativo central, también es justo considerar las limitaciones que surgieron al interior de las propias instituciones, por ejemplo, las producciones construidas en las trayectorias y experiencias desplegadas en torno a la capacitación e investigación. Es cierto que un proceso de transformación de tal envergadura lleva tiempo, pero de esta disposición ya pasaron quince años.

Atención especial merecen los procesos de constitución de los gobiernos educativos colegiados de los institutos.

Como el Decreto 7320, mencionado anteriormente, establece la conformación del gobierno institucional mediante elecciones, las experiencias parecen demostrar que las matrices de aprendizaje de participación política que se construyen colectivamente a través de las experiencias en las elecciones de autoridades, tanto del poder legislativo como el ejecutivo, tienden a reproducirse al interior de los institutos. Lo lamentable de todo ello es que en esas matrices de aprendizaje, están enquistados ciertos modos reprochables de pensar y hacer política, como la idea fundada en el axioma “el fin justifica los medios” o la praxis del “choripan”, por citar algunos.

Que esto acontezca en una institución educativa, merece una reflexión profunda y una interpelación necesaria. Por ello a continuación se presentan algunas proposiciones que luego se intentará argumentar con pretensión de validez.

1. No es equiparable el ámbito cívico de una nación, una provincia o un municipio con el ámbito educativo de un instituto de formación docente.
2. El fin no justifica los medios, menos aún en una institución de formación docente.
3. El encuadre normativo delimita el sentido de la educación superior.  
4. El derecho a la educación interpela éticamente toda la cultura educativa institucional.

Respecto a la no equiparación del espacio cívico con el espacio educativo, la tesis se justifica por el sentido mismo que se atribuye a los términos “cívico” y “educativo”. Si bien lo cívico también implica lo educativo, este último tiene una especificidad que impregna todo el ámbito; hace a su razón de ser. En cambio en lo cívico se da lo educativo pero también algo más. En consecuencia no es legítimo que en el ámbito educativo se apliquen políticas y prácticas que acontecen en el ámbito cívico de la comunidad.

En cuanto al fin no justifica los medios, independientemente de la discusión de la autoría o no por parte de Maquiavelo, el rechazo se funda en la crítica a la escisión de lo político y lo ético en el ámbito educativo. Al respecto cabe recordar que la educación no se reduce en la trasmisión de información y conocimiento, implica también una formación en valores, dentro de los cuales, los éticos son de gran significación. En este sentido, no es admisible que cualquier medio que se utilice en la elección del gobierno de un instituto, sea legítimo con la promesa de un buen gobierno como fin.

Por otro lado, referido al encuadre normativo, la Ley de Educación Nacional establece:

ARTÍCULO 71.- La formación docente tiene la finalidad de preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa. Promoverá la construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional, el vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as.

De acuerdo a lo anterior, es obligatorio por ley, que los institutos de educación superior se organicen y funcionen con la finalidad de lograr una formación docente para una enseñanza de calidad, lo cual necesariamente requiere trabajar en la construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional. Este es el sentido que la legislación le otorga a la educación superior. Frente a esto, una experiencia política al interior del instituto articulada en la lógica de dependencia del “choripan”, va a contracorriente de la autonomía personal y profesional.

Por último, respecto a la interpelación ética de la cultura institucional basada en el derecho a la educación, la Ley de Educación Nacional explicita:  

ARTÍCULO 2°.- La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.

Luego la misma legislación señala:

ARTÍCULO 122.- La institución educativa es la unidad pedagógica del sistema responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por esta ley. Para ello, favorece y articula la participación de los distintos actores que constituyen la comunidad educativa: directivos, docentes, padres, madres y/o tutores/as, alumnos/as, ex alumnos/as, personal administrativo y auxiliar de la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garantizan el carácter integral de la educación, cooperadoras escolares y otras organizaciones vinculadas a la institución.

Comparando los dos artículos citados, se advierte que el derecho personal y social a la educación y el conocimiento garantizados por el estado, exige a la institución educativa el logro de los objetivos establecidos por la misma, esto es, entre otros: una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades; una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos  humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural, etc. (Artículo 11).

De acuerdo a lo expuesto, concluimos que es totalmente reprochable que en los momentos de elección de autoridades de un instituto de formación docente se apele a vicios extrapolados del ámbito cívico como “el fin justifica los medios”; la política el “choripan”, la “generosidad” con recursos del estado, entre otras.

Con estas políticas estamos contribuyendo en la construcción de una imagen social docente empobrecida; una imagen que no solo se atribuye a los que utilizan a tales estrategias, sino a la totalidad de los docentes: vos, yo, todos. Sin duda una contradicción muy grande a la hora de defender la dignidad profesional de la docencia ante disposiciones gubernamentales, fuertemente cuestionadas hace poco tiempo atrás por el colectivo docente.