¿La docencia como profesión, está legitimada?

Hace un par de semanas, a raíz de la Resolución N° 4792 del Ministerio de Educación de la provincia que habilitaba a los profesionales no docentes a enseñar en el nivel medio, se generó una tensión al interior del colectivo docente lo cual se manifestó en movilizaciones, notas periodísticas y discusiones.

Una mirada menos apasionada de lo acontecido, permite entrever dudas respecto a la docencia como profesión. ¿Tal vez desconfianza en la calidad de la formación docente?

Según Emilio Martínez Navarro[1] las actividades ocupacionales que detentan la categoría de profesión se caracterizan:

• Por ser una actividad humana social que brinda un servicio específico de manera institucionalizada;
• Por ser una vocación secularizada cuyo integrantes invierten un tiempo importante preparándose para brindar un servicio de calidad;
• Integrarse en una colegialización o un colectivo que controla o trata de mantener el control monopolístico sobre el ejercicio de la profesión;
• Por contar con una acreditación oficial para ejercer la profesión luego de un largo proceso de formación teórico-práctico claramente reglados;
• Por su autonomía en el ejercicio de la profesión, lo cual si bien presupone la obligación de atender las legítimas protestas del público, las mismas detenten autoridad en su saber;
• Por la asunción de la responsabilidad de los actos y técnicas de su profesión;
• Por el derecho de obtener un reconocimiento económico digno de sus funciones, en concordancia a las características señaladas anteriormente.

Si reflexionamos sobre la interpelación a la docencia como profesión a la luz de las características señaladas precedentemente, nos preguntamos: ¿Cuánto de acierto hay en esta sospecha respecto a la calidad de la formación docente? ¿Existen otros intereses que entran en juego?  ¿Los institutos están reflexionando y realizando autocríticas acerca de la calidad de su formación profesional docente?

La realización de esta reflexión y autocrítica referida a la calidad de la formación docente, demanda a los centros educativos de educación superior, la evaluación de la calidad de la enseñanza y aprendizaje que brinda, pero también la evaluación de la calidad de su política institucional implementada.

Por otro lado y de acuerdo con Michel Foulcault, en toda institución social moderna como es el caso de la educación pública, a partir de ciertos saberes, lugares y roles, se establecen relaciones sociales asimétricas de regulación y control de unos sobre otros (relaciones de poder), modelando estos últimos una conciencia adaptada o normalizada como propia, o dicho en palabras de Foucault: un sujeto-sujetado (a otros y a sí mismo).

Si compartimos el análisis anterior, es necesario admitir –como estrategia de empoderamiento profesional docente- la significatividad que adquiere la creación de una cultura institucional donde la autonomía constituya un valor procedimental que atraviese tanto la enseñanza de los docentes como la gestión de sus directivos.

¿Las decisiones que se están tomando dentro de nuestras instituciones, están promoviendo una cultura de la autonomía o más bien una cultura de la dependencia?.